En su informe anual correspondiente a 2020, el Defensor denunció la inaccesibilidad de algunas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que se hicieron especialmente necesarias para la formación durante el confinamiento.

 

El mes de marzo de 2020, el CERMI denunció “la falta de medidas de accesibilidad (subtitulado, audiodescripción, lengua de signos o lectura fácil), especialmente para los alumnos con discapacidad sensorial o con discapacidad intelectual y del desarrollo, tanto en las plataformas de formación telemáticas implantadas por las comunidades autónomas, como en los programas de contenidos educativos emitidos en el canal infantil habilitado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y Televisión Española.

 

El Defensor del Pueblo, que se hace eco de dicha queja en su informe, pidió por tanto al Ministerio y a las consejerías de Educación garantizar que “todos los alumnos puedan acceder a los contenidos lectivos y realizar las actividades cumpliendo con los objetivos para los que estas se diseñaron”.

 

Reclamó “la supresión de barreras” y exigió que, una vez reanudadas las clases presenciales, se adopten las medidas compensatorias y apoyos específicos que este alumnado pueda requerir.

 

También pidió fijar “criterios de evaluación y promoción” que tengan en cuenta dicha desventaja.

 

El informe reclama además una dotación suficiente de recursos (profesores especializados, adaptaciones técnicas, rehabilitación de infraestructuras...) que garanticen la inclusión educativa de los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios.

 

 

Por otro lado, la investigación publicada hoy recoge las quejas planteadas por las personas con discapacidad y sus familiares durante el primer estado de alarma a propósito de las “salidas terapéuticas”.

 

Muchas de ellas recibieron insultos e incluso agresiones físicas por parte de ciudadanos que les acusaban de incumplir el confinamiento, cuando el Ministerio de Sanidad había permitido salidas terapéuticas para aquellas personas que lo necesitasen (y así lo pudiesen acreditar) por motivos derivados de su estado de salud o situación de discapacidad.

 

Por ello, el Defensor del Pueblo pidió al Ministerio del Interior la realización de una campaña divulgativa en este sentido, e instó a las fuerzas policiales a velar por el cumplimiento de este derecho y a sancionar a aquellos ciudadanos que agrediesen a las personas con discapacidad o a sus familiares mientras practicaban esos paseos.

 

El informe recoge por último quejas referidas a discriminación por motivo de discapacidad, y vuelve a recomendar la creación de un registro Nacional único de tarjetas de estacionamiento por movilidad reducida, a fin de que los usuarios puedan ejercer este derecho sin problemas en cualquier municipio de España.